Las amenazas a la democracia en América Latina dejaron de ser una preocupación exclusiva de las ciencias sociales. Diariamente se encuentran llamados de atención al respecto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Es un hecho evidente que no puede ser ignorado y que ha pasado a ser parte de la conversación diaria en muchos espacios que desbordan largamente al ámbito político y a los círculos especializados. No puede ser de otra manera si se considera que es un hecho que tiene múltiples caras y que día a día va tomando fuerza.
Ese carácter multifacético es un desafío para las ciencias sociales ya que deben analizar a un mismo tiempo varios fenómenos de muy diversa naturaleza. No es el caso de las crisis económicas que en algunos países incluyeron procesos hiperinflacionarios, ni de los hechos políticos que provocaron inestabilidad de los gobiernos o de los conflictos sociales que se transformaron en estallidos. En todas esas situaciones era posible contrarrestar el peligro con acciones en un campo específico, ya sea con medidas económicas, políticas o sociales. Pero, aunque ahora también se trata de una amenaza claramente identificable, las múltiples características de esta exigen respuestas en varias dimensiones a un mismo tiempo.
El problema actual es la acción del crimen organizado. Este afecta directamente a varios niveles o componentes de la democracia. Deteriora el tejido social por el clima de peligro e incertidumbre que crea en la sociedad, así como por el reclutamiento de jóvenes de los sectores más pobres. Erosiona los órganos de justicia al penetrarlos o al someterlos por medio de la amenaza y de la violencia directa. Logra colocar a sus integrantes en importantes espacios de la política, en especial en los gobiernos subnacionales. Se inserta en las actividades económicas y utiliza las redes financieras para eludir el rastreo de la ruta del dinero proveniente de las actividades ilícitas.
En síntesis, el crimen organizado erosiona a la democracia en aspectos básicos, como la vigencia plena de los derechos y las libertades individuales, la permanencia del Estado de derecho, la limpieza de los procesos electorales y la cohesión social. Sus acciones imposibilitan el ejercicio pleno de la ciudadanía en sus tres formas, civil, política y social. Por consiguiente, exige respuestas en todos esos campos.
Adicionalmente, a diferencia de otras amenazas, esta tiene un carácter internacional que actúa como potenciador de su fuerza. Las actividades del crimen organizado no se encierran en las fronteras de cada país ni se restringen a las operaciones de producción y venta. Actúan bajo la forma de organizaciones transnacionales que cubren múltiples campos, entre los que sobresale el financiero. Los volúmenes de dinero que mueve a nivel mundial hacen necesaria la utilización de las redes bancarias y de las múltiples formas de movilización del dinero. Por tanto, no debe ser visto como un problema que se soluciona fronteras adentro. Sin embargo, aún son débiles e insuficientes las medidas tomadas en este plano.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos desconoce o minimiza la complejidad del problema y lo reduce únicamente a su condición de delito violento que es enfrentada con una respuesta igualmente violenta. La tendencia predominante apunta únicamente al incremento de la capacidad represiva del Estado que, siendo necesaria, siempre lleva consigo el potencial desborde de sus atribuciones hasta llegar a la implantación de regímenes autoritarios. Como lo demuestra la experiencia de varios países a lo largo de las últimas dos décadas, con esa estrategia no se ha podido frenar el avance de ese flagelo y en algunos casos -especialmente en los que ha llegado a la declaración de conflicto interno- se ha convertido en un incentivo para el incremento de la violencia de los grupos delincuenciales. El resultado ha sido el escalamiento de la capacidad militar de esos grupos.
Los resultados son insignificantes en cuanto al control de las actividades delincuenciales, mientras la convivencia democrática ha debido pagar un costo muy alto. Al debilitamiento de los mecanismos de convivencia social, producido por el clima de violencia generalizada, se suman las restricciones en el Estado de derecho, derivadas de las políticas represivas aplicadas por los gobiernos. En conjunto, esa acción y la correspondiente reaccionan debilitan al Estado de derecho, esto es, al ejercicio de los derechos que aseguran el goce de las libertades ciudadanas. Paralelamente, se debilitan y se sobrepasan los límites del poder político con la potencial instauración de regímenes de corte autoritario. Por consiguiente, se afecta los cimientos que sostienen a la democracia.
Sin duda, la situación es extremadamente compleja y coloca a la democracia en una encrucijada muy difícil de resolver. Una respuesta que ha tomado cuerpo en los últimos años se resume en la noción de resiliencia, cuyo contenido no es claro, se sitúa en un nivel de generalidad que no aporta de manera significativa y resulta claramente contradictoria con la orientación que debe tomar la democracia. Siendo una noción que proviene de la física y que se refiere a la capacidad de ciertos metales de adaptarse a situaciones cambiantes, resulta absurdo aplicarla en la situación descrita. Lo peor que puede ocurrir -y que ya está ocurriendo en los países que han optado por la vía de la limitación de las libertades y los derechos- es que la democracia se adapte a las condiciones que establece el crimen organizado.
La salud de la democracia exige resistencia, no resiliencia.